Guatemala: Nos duelen 56, nos faltan 41
El 8 de marzo es una fecha clave para la lucha antipatriarcal en diferentes latitudes del planeta. En Guatemala, a las reivindicaciones contra la violencia machista y para ampliar los derechos reproductivos, se suma también la reclamación de justicia para las 56 adolescentes y niñas de la masacre del Hogar Seguro. “El 8 de marzo de 2017 el Estado de Guatemala va a cometer un acto violento y feminicida contra 56 niñas que buscaban escapar del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde vivían abusos y reclamaban derechos a recreación, alimentación y educación” nos explica Lorena Cabnal, defensora de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial.
El Hogar Seguro es un centro de atención para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, acoso y maltrato infantil situado en el municipio de San José Pinula, cerca de Ciudad de Guatemala. Ya antes del 8 de marzo, el instituto, a cargo de la Secretaría Social de Presidencia del Estado dependiente del ejecutivo de gobierno, había sido objeto de denuncias y sentencias del tribunal. Según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la infraestructura y las condiciones eran inadecuadas para su propósito de protección y acogimiento de menores de edad: el hogar estaba sobrepoblado, había escasez de papel higiénico, cepillos de dientes, ropa, y zapatos. Había piojos, sarna y otras enfermedades contagiosas, además de problemas gastrointestinales debidos al deterioro de los alimentos causado por los cortes de electricidad. El personal no estaba adecuadamente capacitado y la convivencia de niños y niñas con problemáticas tan diversas (situaciones de pobreza y abandono, sobrevivientes de abuso físico y sexual), había alarmado la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la posible venta de niños y niñas, la explotación de la prostitución infantil y el uso de niñas en la pornografía.
El 17 de febrero de 2021 adolescentes del Hogar Seguro Zafiro I ubicado en el Centro de Ciudad de Guatemala denuncian maltrato e intentan huir de la estructura. Foto por Sandra Sebastián.
A las fallas estructurales se suman decenas de denuncias por hacinamiento, falta de recursos, supervisión y control deficiente, violencia, abuso, trata de personas y explotación sexual. En el año 2016, 55 niños, niñas y adolescentes desaparecieron del Hogar Seguro. En el mismo año la Procuraduría de los Derechos Humanos interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por las sospechas de que existiera una red de trata de personas y explotación sexual que operaba adentro de la estructura. Algunas de las niñas y adolescentes que morirán calcinadas el 8 de marzo habían depositado denuncias por violencia y maltrato físico algunos meses antes de la masacre.
Según la investigación del Ministerío Público, el 7 de marzo del 2017, en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, algunas niñas del sector “Mi Hogar” empezaron un motín para denunciar las condiciones de vida inadecuadas y el maltrato.
Según la investigación del Ministerío Público, el 7 de marzo del 2017, en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, algunas niñas del sector “Mi Hogar” empezaron un motín para denunciar las condiciones de vida inadecuadas y el maltrato. Habían subido al techo invitando a los niños de la sección “San Gabriel” para que se unieran a la rebelión. Por razones todavía desconocidas, las autoridades del Hogar Seguro abrieron las puertas del instituto y alrededor de 100 internadas e internados abandonaron las instalaciones. Antes de la noche, la mayoría de las personas escapadas habían sido capturadas por la Policía Nacional y llevadas de vuelta al Hogar Seguro, confirmando las consideraciones de las Naciones Unidas que hablan de un centro de reclusión más que de un hogar apto para la protección de los menores. Para evitar nuevas rebeliones fueron encerradas con candados separando a los niños de las niñas. A las internadas les tocó el lugar más estrecho. 56 niñas y adolescentes pasaron la noche en una aula de 7 x 6.8 metros sin agua ni servicios sanitarios y con una sola puerta. El día siguiente la situación había llegado a un nivel de insalubridad crítico, la orina salía desde la puerta del aula y las detenidas, algunas de las cuales en aparente embarazo, habían tenido que compartir las pocas colchonetas disponibles: sin almohadas ni sabanas y con la ropa todavía sucia y húmeda del día de la fuga, pues algunas intentaron cruzar un río para escapar del municipio.
En este contexto de rabia y desesperación empezaron de nuevo las protestas. Un testimonio registrado por la Fiscalía describe cómo “las niñas gritaron, que estaban sucias, que tenían frío, que querían bañarse y cambiarse […] comenzaron a hacer relajo y a romper los vidrios”. Para capturar la atención de las autoridades y pedir ayuda, al parecer una detenida prendió fuego a una colchoneta de esponja para generar humo y el incendio se expandió. “Empezamos a gritar y pegar a la puerta para que nos sacaran de ahí”, cuenta una de las sobrevivientes en su testimonio reportado por las Naciones Unidas y denuncia: “pedíamos auxilio, pero no nos hicieron caso”. Pasaron nueve minutos antes de que el candado, cuya llave estaba bajo custodia de la subinspectora de la Policía Nacional, se abriera y más de 40 minutos antes que los bomberos recibieran el permiso de entrar en el Hogar Seguro. 41 niñas murieron asfixiadas por el humo, quemadas por las llamas o envenenadas por los gases. Las que sobrevivieron,15, sufren amputaciones, desfiguraciones faciales, daños crónicos, graves secuelas psicológicas y condiciones de discapacidad.
Entre las 56 niñas y adolescentes detenidas el 8 de marzo, 16 se encontraban en el Hogar Seguro por “huir de casa”, 12 por “rebelión”, cinco por “abandono”, otra cinco por necesidad de “refugio y protección”, cuatro por “consumo de drogas”, tres por “violencia sexual”, tres por “riesgo social”, tres por “razones desconocidas”, dos por “problemas familiares”, una por “abuso”, una por estar en conflicto con la ley y una porque era huérfana.
Foto por Sandra Sebastián.
Estaban encerradas por ser pobres, jóvenes y rebeldes. La violencia contra las mujeres, como han profundizado los femenismos comunitarios indígenas y negros, es parte de un sistema de disciplinamiento de los cuerpos femininos y de criminalización de aquellas que rompen con los esquemas patriarcales. La violencia sistemática y brutal contra las mujeres se produce sobre todo en los territorios colonizados donde la acumulación de capital se obtiene a través del despojo y la criminalización. En Guatemala, donde las empresas trasnacionales extraen valor a costa de las comunidades locales y del medio ambiente, las mujeres están en primera línea para defender el territorio y tejer alianzas entre los pueblos. Es por eso que son más sujetas a los golpes del patriarcado y de la represión del Estado.
“Es muy fuerte decirlo, pero te lo quiero decir porque así se maneja la sociedad acá en Guatemala: estas niñas son consideradas cuerpos basureados, cuerpos que no sirven, niñas mareras [pertenecientes de las maras, bandas criminales], niñas que tienen riñas conflictivas con la ley”, aclara Lorena Cabnal, “el 8 de marzo para nosotras mujeres originarias, mujeres mayas y mujeres que integramos la Red de Sanadoras Ancestrales, es una fecha que lleva consigo las reivindicaciones de la memoria ancestral de mujeres que han tejido y han aportado a la dignificación de la memoria y existencia espiritual, en sus ceremonias para estas niñas”.
En los cinco meses que siguieron el femicidio del Hogar Seguro, las compañeras de la Red de Sanadoras del Feminismo Comunitario Territorial hicieron actos diarios de denuncia pública en el Parque Central de Ciudad de Guatemala, en la Plaza de la Constitución, y abrieron un espacio de memoria y sanación. “Se inició un fuego ceremonial acuerpando el duelo porque para nosotras se trata de un duelo político debido al hecho que el Estado haya perpetrado con tanta violencia el femicidio de 41 niñas y deje 15 sobrevivientes en situaciones tan graves y complejas en sus vidas y sus familias”, cuenta Lorena Cabnal, “pero a la vez es el dolor de las familias, de las mamás, de las hermanas, de las amistades, de las abuelas de las 56 niñas que viven en un país con los más altos índices de femicidios y de violencia sexual a nivel mundial, para que esto no se repita”.
Las ceremonias se repitieron todos los días 8 de cada mes hasta que las medidas antes la pandemia y el incremento del riesgo de movilización de las defensoras impidieron las manifestaciones públicas. Quien diariamente cuidaba del espacio recibió hostigamientos por parte de funcionarios públicos y guardias presidenciales, amenazas, acoso, y siendo nombradas como brujas o mujeres que estaban haciendo ritos satánicos.
Hace tres años la plaza principal de Ciudad de Guatemala, aunque oficialmente es Plaza de la Constitución, ha sido nombrada como la Plaza de las Niñas calcinadas el 8 de marzo y se ha vuelto parte de “la memoria histórica de la lucha de las mujeres” continúa Lorena Cabnal: “hoy la Plaza de las Niñas es un espacio de memoria y también está reconocida dentro de los pueblos como un espacio espiritual donde se abrió la energía de las ceremonias, un espacio de recuperación de un territorio ancestral usurpado por la colonia en el corazón de la Ciudad de Guatemala”.
En estos cuatro años este espacio en el cual se enuncian en voz alta los nombres de las 41 niñas asesinadas, se nombran sus edades (todas tenían entre 13 y 17 años), y se mantiene viva la memoria alrededor del fuego y de las cruces que pusieron sus madres, se ha vuelto un símbolo de lucha, resistencia y dignificación de la vida. Comunidades, autoridades indígenas, movimientos feministas, movimientos de la pluralidad sexual, guías espirituales, artistas y organizaciones sociales se reúnen en este espacio, lo alimentan y lo protegen de los ataques machistas.
Foto por Sandra Sebastián.
“La revictimización no dignifica la memoria de las niñas porque las pone en el papel de las mártires. Así como no hay que generar una relación mercantilizada de su memoria, por ejemplo para solicitar proyectos de cooperación internacional por las niñas calcinadas del 8 de marzo”, sigue Lorena Cabnal. “Hay que plantear una relación sanadora. Aunque hemos vivido los embates de toda la violencia misógina y patriarcal, también tenemos caminos y maneras de revitalizarnos en dignidad: no sólo para luchar en esta resistencia, sino para dignificar nuestros cuerpos, nuestras historias, nuestras memorias”.
A cuatro años de la masacre todavía no hay justicia: el juicio procede lentamente por las apelaciones y los amparos con los cuales se ha intentado obstaculizar la participación de las 15 sobrevivientes como testigos. Bajo acusación hay funcionarios de la policía nacional y autoridades del gobierno del ex presidente Jimmy Morales. La impunidad contribuye a preservar el contexto de violencia hacia las mujeres y a revictimizar a las niñas y a sus familias.
Hasta el 31 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) registró 68 casos de femicidios. El pasado 21 de febrero fue asesinada María Elizabeth Ramírez, madre de una de las 41 niñas asesinadas en el Hogar Seguro y denunciante en el juicio contra las autoridades responsables de la masacre. La represión contra las mujeres defensoras sigue vigente pero sigue también la lucha de las mujeres que no se conforman a las normas que las quieren sometidas, que con fuerza y dignidad defienden sus cuerpos y sus territorios y que el próximo 8 de marzo volverán a exigir justicia en la Plaza de las Niñas y en sus comunidades.
Simone Scaffidi es periodista freelance, ha trabajado con organizaciones sociales indígenas y de mujeres defensoras en Guatemala. Gianpaolo Contestabile es periodista freelance y mediactivista.
