La lucha de Berta Cáceres sigue
El pasado 15 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una nueva resolución para renovar las medidas cautelares en favor de la familia de Berta Cáceres por la situación de urgencia de riesgo de daño a sus derechos. La resolución llega pocos meses después de la condena de Roberto David Castillo Mejía, quién ha sido identificado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres: así se estableció durante la audiencia del pasado 3 de agosto en la que se aplazó la definición de la pena que oscila entre los 20 y los 25 años.
La activista y líder indígena Berta Cáceres fue asesinada en el 2016, durante la noche entre el 2 y el 3 de marzo en su casa en La Esperanza, Honduras, debido a sus actividades destinadas a contrarrestar la construcción de una planta hidroeléctrica de la empresa privada Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el río Gualcarque, que pertenece al territorio ancestral lenca, el pueblo originario más grande del país. Tenía solo 44 años y había dedicado toda su vida a la defensa de su pueblo y a mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas en Honduras, “era conocida porque realizó muchas luchas, contra las empresas mineras, madereras, hidroeléctricas”, dice su hijo Salvador, “y también contra el golpe de Estado en el 2009. Especialmente a partir de ese momento, comenzó la persecución en su contra, y la criminalización de la organización”, es decir, el Consejo Cívico de las Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPINH), del cual Berta había estado entre las fundadoras en 1993.
Militante política
El compromiso de Berta como militante política es un capítulo de una historia intergeneracional, su madre, Austra Bertha Flores, fue partera, activista, gobernadora local y diputada hondureña. Cáceres creció viendo a su madre cuidar a las mujeres indígenas, dar a luz a sus hijos y luchar por los derechos de su comunidad y los de los refugiados políticos salvadoreños que huían de la guerra civil. Desde muy joven, Berta estuvo involucrada en las organizaciones estudiantiles de su ciudad natal, La Esperanza, estudió para convertirse en maestra y con su esposo, el líder indígena Salvador Zúñiga, crió a cuatro hijos: Olivia, Bertha, Laura y Salvador.
Para mantener a su familia tuvo que viajar a los Estados Unidos como trabajadora migrante y una vez de regreso a casa, además de liderar las batallas del COPINH contra las compañías hidroeléctricas, la tala y la minería, desafió los roles tradicionales de género y se convirtió en una líderesa política reconocida internacionalmente. Berta fue invitada a participar en conferencias sobre protección ambiental en Asia, Europa y América. En 2015, en San Francisco (California), durante la entrega del Premio Goldman, comenzó explicando a los presentes:
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales, el pueblo Lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta” para después lanzar una advertencia a la población mundial: ¡Despertemos!¡Despertemos Humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
A lo largo de los años, su reputación como líderesa política comenzó a llamar la atención del Estado hondureño y de las empresas multinacionales a las que se enfrentaba. A los ataques y amenazas contra su familia se sumaron los intentos de criminalización y los montajes para crear falsificaciones y acusaciones en su contra. La condena de David Castillo, ex presidente de DESA y ex miembro de los servicios de inteligencia y contraespionaje del ejército, es la confirmación de un sistema persecutorio establecido para vigilarla, deslegitimarla y, en última instancia, eliminarla.
“Hemos presentado pruebas para pedir la pena máxima”, continúa Salvador, quien forma parte del COPINH con el que, desde hace cinco años, lleva a cabo la batalla por la justicia para Berta. “Entre los agravantes está el hecho de que Castillo había establecido contacto directo con mi madre, lo que le permitió controlar sus movimientos; otro elemento es la elección de la hora y el lugar del asesinato, de noche en su casa en los suburbios, un plan diseñado para garantizar la impunidad, y finalmente nunca ha confesado ni colaborado con la justicia”.
Campaña de criminalización
Castillo ha sido condenado por su papel en la planificación del asesinato y por la campaña de criminalización del COPINH. Entre las pruebas que le permitieron ser imputado se encuentra una gran cantidad de conversaciones y mensajes entre Castillo, quienes se ocupaban de la gerencia financiera de DESA y el coordinador del grupo de sicarios, información que la fiscalía puso a disposición durante el largo proceso que tuvo lugar entre septiembre y octubre de 2017. Computadoras, teléfonos móviles y pen drive USB habían sido incautados un año y medio antes durante un registro de las oficinas de DESA gracias a la presión internacional causad por el asesinato, pero nunca habían sido utilizados.
Una meticulosa investigación de The Intercept sobre estos documentos muestra que la compañía pagó a informantes para infiltrarse en el movimiento de protesta, monitoreó e interceptó a las personas que participaban en las manifestaciones, ofreció dinero a los medios de comunicación para proponer una narrativa criminal de los activistas del COPINH y encubrir la violencia del ejército. La administración de DESA incluye a varios miembros de la familia Atala Zablah, que en Honduras tiene un enorme capital político y económico y puede garantizar contactos y colaboraciones con fuerzas militares, medios de comunicación e instituciones gubernamentales.
“Creo que un juicio como lo de Castillo nunca se había dado en Honduras; en la mayoría de los países latinoamericanos nunca se ve la condena de un empresario, entrenado para trabajar en inteligencia militar, que ha ocupado cargos estatales”, continúa Salvador, “es un resultado obtenido gracias a la determinación de todos los movimientos en el país y de muchos organismos internacionales que han acompañado este proceso. Incluso poder abrir la investigación fue un gran esfuerzo, pero conseguimos el juicio de los ejecutores materiales y ahora de uno de los mandos intermedios que planearon el asesinato”.
En noviembre de 2018, siete personas fueron condenadas por el tribunal hondureño entre los sicarios del comando que mató a Berta Cáceres y un año después recibieron penas de entre 30 y 50 años de prisión. Entre ellos se encontraban un ex instructor de policía militar y miembro de las Fuerzas Especiales y dos ex colaboradores de la empresa DESA. Castillo fue arrestado el 2 de marzo de 2018, pero los continuos aplazamientos de las audiencias llevaron a la sentencia del 3 de agosto y se postergó la definición de la condena a una fecha por determinar, mientras que ningún miembro de la junta directiva de DESA ni de la familia Atala Zablah ha sido acusado o interrogado.
“Sabemos que aún no hemos obtenido justicia completa, todavía falta mucho en la realidad, y lamentablemente esta forma de actuar contra los movimientos sociales es constante en Honduras, y sigue habiendo impunidad”, aclara Salvador, quien con el COPINH sigue las luchas ambientales e indígenas del país.
Violencia en contra defensores ambientales
Según Global Witness, Honduras registró la tasa de homicidios de defensores ambientales per cápita más alta en el mundo durante el 2019. Las más afectadas por la violencia de las empresas privadas y la represión estatal son sobre todo las mujeres comprometidas en la lucha por la defensa del territorio, quienes son estigmatizadas y criminalizadas aún más por su papel de liderazgo. Según la campaña IM-Defensoras, el 48% de los casos de violencia contra defensoras registrados en Centroamérica ocurren en Honduras.
La violencia también continúa contra las organizaciones indígenas que se oponen a la destrucción de sus territorios, un ejemplo es el caso de la desaparición forzada de 4 personas del pueblo garífuna y miembros del OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), capturadas en julio de 2020 por hombres armados y vestidos con ropa de policía.
En el río Gualcarque se suspende la construcción de la central hidroeléctrica DESA, pero la licencia sigue vigente para llevar a cabo el proyecto Agua Zarca. El COPINH ha iniciado un nuevo proceso legal para cancelar permanentemente la licencia de la empresa que le fue asignada en 2010, cuando el Congreso – tras el golpe de Estado del año anterior – firmó contratos para varios proyectos energéticos, sin consultar a las comunidades como, en vez, lo establece el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) vigente en Honduras desde 1995.
Además, los riesgos asociados con las grandes centrales hidroeléctricas y el daño ambiental que causan, desde las inundaciones hasta el secado de los cursos de agua, están bien establecidos desde hace años. Como reconocimiento de su lucha por defender el río, que logró detener la construcción del proyecto Agua Zarca, Berta Cáceres recibió el Premio Goldman de Medio Ambiente en 2015.
Determinación del pueblo
“Tenía una gran humanidad y la capacidad de tejer lazos entre comunidades, de aprender y traer experiencias a otros territorios de Honduras”, dice su hijo. “Para entender cómo hemos llegado hasta aquí debemos considerar la determinación de un pueblo que viene de siglos de abusos. El proceso de colonización del pueblo lenca ha sido muy fuerte, por lo que sentimos que esta lucha por el río está ligada a redescubrir la identidad de nuestro pueblo, nuestra historia. Este proceso colectivo también significa de alguna manera sanar una herida profunda, reconectando con la resistencia ancestral lenca”.
Para los cuatro hijos de Berta, que nacieron durante las luchas que ella llevó a cabo, el legado que dejó es algo colectivo que los empuja a continuar su trabajo. “En las reuniones de capacitación siempre había mujeres y niños, lo que no es común en Honduras, eran espacios donde podían expresarse, perder el miedo, organizarse, y esos niños son como semillas que hoy han crecido. Como dicen en los diferentes movimientos que apoyan al COPINH: Berta no está muerta sino que se ha multiplicado”.
Susanna de Guio es periodista, doctora en sociología de la comunicación y consultora editorial. Vive y trabaja entre Argentina y Chile desde 2016 donde se ocupa principalmente de conflictos socioambientales, feminismos y derechos humanos. Gianpaolo Contestabile es periodista freelance y mediactivista.
