(Mal)entender la derrota: una respuesta a Jacobin sobre el proceso constitucional chileno
Tras años de intensas protestas y revueltas conocidas como el “estallido social”, los chilenos votaron a favor de escribir una nueva Constitución en octubre de 2020 por un margen del 78% frente al 22%. La “Convención Constitucional” elegida como resultado de este referéndum estaba dominada por representantes de la izquierda. Parecía inevitable que la reaccionaria constitución impuesta por el ex-dictador Augusto Pinochet iba a ser sustituida por una de las constituciones más progresistas del mundo, que garantiza diversos derechos sociales y reconocía la autonomía indígena. En lugar de ello, la nueva Constitución final fue dramáticamente rechazada en un segundo referéndum en septiembre de 2022. Ahora, se ha elegido un nuevo órgano para sustituir a la fracasada Convención Constitucional, esta vez dominado por el Partido Republicano de extrema derecha. Es esencial que la izquierda global aprenda de este catastrófico giro de los acontecimientos, pero un reciente artículo del camarada Marcelo Casals en Jacobin y Jacobin América Latina extrae algunas conclusiones erróneas.
Historia
Chile ha sido gobernado durante 41 años por la Constitución escrita bajo el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet. La Constitución representa un legado enorme de violencia política llevada a cabo por un régimen que reprimió brutalmente a la oposición de izquierdas tras arrebatar el poder al gobierno socialista electo de Salvador Allende en un sangriento golpe de Estado. El gobierno de Pinochet asesinó a 3,000 activistas de la oposición y torturó a 30,000 más. Los aspectos menos democráticos de la constitución fueron enmendados después de que Pinochet dejó el poder en 1988, pero la persistencia de una constitución contaminada por la dictadura, que impuso la privatización del sistema salud, la educación y el agua, ha preparado el escenario para olas periódicas de protestas en Chile.
La chispa de la más reciente oleada de protestas se produjo en 2019, cuando estudiantes de secundaria protagonizaron una protesta masiva contra el aumento de los costos del transporte público. Cuando la policía comenzó a reprimir a los jóvenes, las protestas se extendieron al resto de la población. Las exigencias de las protestas crecieron en proporción a su alcance. Uno de los lemas más populares era indicativo de cómo evolucionaron las protestas: “No son 30 pesos, son 30 años”. A medida que las protestas crecían, incorporaron a activistas y organizaciones del movimiento obrero, estudiantil e indígena, que sumaron sus demandas al malestar general por las políticas neoliberales del Estado. Las protestas obligaron al gobierno de derecha de Renovación Nacional de Sebastián Piñera a convocar un referéndum en octubre de 2020 para redactar una nueva Constitución, que fue aprobada por una amplia mayoría de casi el 80% de los votos. En diciembre de 2021, los chilenos eligieron a Gabriel Boric, un político activista progresista de 35 años, con la promesa de introducir cambios constitucionales radicales.
El 4 de septiembre de 2022, los chilenos votaron para rechazar la Constitución que se había propuesto y mantener la Constitución de 1980. El fracaso del referéndum no fue una sorpresa: las encuestas de opinión mostraban que era poco probable que se aprobara. La campaña estuvo marcada por un enorme desequilibrio en la financiación de la campaña del “rechazo” – gastó 9 veces más que la campaña de la “aprobación”- y por las mentiras descaradas de los defensores del “rechazo”. Aun así, el margen de derrota y la distribución de los votos fueron sorprendentes. Debido a la política de voto obligatorio, la participación aumentó del 50% en el referéndum inicial al 86% en el segundo. De estos 5.4 millones de nuevos votantes, el 96% votó por rechazar la constitución. Incluso con el aumento de la participación electoral, la nueva constitución recibió alrededor de 1 millón de votos menos que el proceso original que inició el proceso constitucional. Los barrios más pobres, que típicamente apoyan a los partidos de izquierda y que habían votado a favor del proceso constitucional, votaron abrumadoramente en contra. Fue una sorprendente regresión del resultado del referéndum anterior, y un golpe significativo para el gobierno de Boric y los movimientos sociales que formaban el estallido social.
A raíz de esta derrota, y en respuesta a las críticas al proceso de la convención, el gobierno de Boric ha orientado el próximo intento de reescribir la constitución en una dirección más tecnocrática. En lugar de que la constitución sea escrita por un órgano elegido directamente, el nuevo texto será escrito por un órgano de expertos jurídicos nombrados por el Congreso chileno, que será asesorado por el recién elegido Consejo Constitucional. Tanto el Congreso como el Consejo Constitucional están ahora controlados por los partidos de la derecha, con el derechista y populista Partido Republicano controlando 23 de los 51 asientos del Consejo. Otros 11 asientos están controlados por otros partidos de derechas, y sólo 16 por los de izquierda.
Para Jacobin, Casals sostiene que hay varios factores objetivos que han contribuido significativamente a la derrota de la nueva Constitución y al ascenso de la derecha en Chile. Estos incluyen una recesión económica resultante de la pandemia de Covid-19 que alimenta el sentimiento anti-bórico, y una afluencia de inmigrantes de Venezuela que pone en primer plano la política anti-inmigrante. No hay desacuerdo aquí. Donde el análisis de Casals se topa con problemas es al tratar de entender dónde salió mal el proceso de la convención.
Cretinismo Parlamentario
Casals sugiere que una de las razones principales de la derrota de la nueva constitución fue un “pantano convencional” causado por “los problemas ideológicos que acosaron las propuestas de la convención”. Casals acusa a la convención de promover “interpretaciones simplistas de la historia de Chile”, incluida la noción de que el Estado chileno ha “robado las identidades ancestrales indígenas”.
Aunque es posible plantear objeciones al regionalismo y al federalismo sobre una base Marxista, éste no es el argumento que plantea Casals. Casals se cuida de decir que los derechos indígenas y las reivindicaciones de otros grupos oprimidos son “banderas legítimas de la izquierda Chilena”, pero añade que las propuestas de un sistema de justicia pluralista que reconociera la autonomía jurídica indígena “dejaron un mal sabor de boca”. No se explican las implicaciones de esta observación, pero el lector llega claramente a la conclusión de que estas propuestas deberían haber sido sacrificadas por una mayoría popular. Incluso si aceptamos la idea de que fueron estas propuestas y no las mentiras y la desinformación difundidas por la derecha que se habrían utilizado a pesar de todo, las que hundieron las posibilidades de la nueva Constitución, este tipo de cálculo electoral representa una traición no sólo a los pueblos indígenas de Chile, que han sido la punta de lanza de la lucha contra el neoliberalismo, sino también a lo mejor de la tradición socialista clásica. Criticando a los socialistas parlamentarios de su propia época, Rosa Luxemburgo dice en La Revolución Rusa:
Como discípulos innatos del cretinismo parlamentario, estos Socialdemócratas Alemanes han tratado de aplicar a las revoluciones la sabiduría casera de la guardería parlamentaria: para llevar a cabo algo, primero hay que tener una mayoría. Lo mismo, dicen, se aplica a una revolución: primero seamos “mayoría”. La verdadera dialéctica de las revoluciones, sin embargo, pone de cabeza esta sabiduría de los topos parlamentarios: no a través de una mayoría, sino a través de tácticas revolucionarias hasta llegar a una mayoría; ése es el camino.
Las recientes experiencias en Chile demuestran el argumento de Luxemburg tan bien como el de la Revolución Rusa. Fueron los movimientos sociales de los pueblos indígenas de Chile, las feministas, los jóvenes y los trabajadores militantes los que estallaron en la escena en 2019, los que hicieron resonar la sentencia de muerte del neoliberalismo, y dieron paso a lo que podría haber sido (a pesar de sus defectos) una de las Constituciones más progresistas de la historia; no las maniobras parlamentarias y el electoralismo. De hecho, el propio Boric se convirtió en una figura política nacional sólo después y como resultado de las protestas que destruyeron la legitimidad política de los partidos existentes. Al contrario, fue la traición del gobierno de Boric a los movimientos sociales, y no su fidelidad a ellos, lo que condujo a la derrota.
Fueron los movimientos sociales de los pueblos indígenas de Chile, las feministas, los jóvenes y los trabajadores militantes los que estallaron en la escena en 2019, los que hicieron resonar la sentencia de muerte del neoliberalismo, y dieron paso a lo que podría haber sido (a pesar de sus defectos) una de las Constituciones más progresistas de la historia.
El error del gobierno de Boric y de los delegados de la convención de izquierda no fue presionar demasiado, sino adoptar una postura demasiado conciliadora. Desde el principio de la convención constitucional, Boric ha hablado y se ha comportado continuamente como si la derecha, que nunca ha querido cambiar la constitución, fuera de alguna manera social un aliado en un diálogo en lugar de un enemigo implacable. Mientras tanto, ha ampliado los poderes de la misma policía que brutaliza a los manifestantes que ayudaron a ponerlo en el poder y ha continuado la represión contra los pueblos indígenas. Casals acusa a los delegados de la convención de comportarse “como si el país viviera en un estado constante de convulsión social”, pero tal vez si el gobierno de Boric y sus representantes aliados hubieran intentado ampliar los movimientos sociales en lugar de acorralados, así sería. Podemos estar seguros de que un referéndum celebrado en ese contexto habría tenido un resultado muy diferente.
“La Vía Chilena al Socialismo” en Perspectiva Histórica
Peor aún que su electoralismo, Casals se compromete con una defensa del Estado burgués. Citando el ejemplo de la “vía chilena al socialismo” de Salvador Allende, Casals argumenta que “el Estado [es] un aparato institucional que podría ser conquistado, sus sesgos de clase alterados en la búsqueda del socialismo.” Casals incluso parece criticar a la convención por su propuesta de suprimir la cámara alta del parlamento chileno, que Casals describe favorablemente como “una de las más antiguas del mundo moderno”, y sustituirla por una nueva cámara regional de representación regional.
Este punto de vista no tiene nada en común con el marxismo clásico ni, por lo tanto, con la realidad. En La Comuna de París, Marx escribe que “la clase obrera no puede simplemente apoderarse de la maquinaria estatal ya hecha y manejarla para sus propios fines”. Esto se debe a que la propia estructura del Estado corresponde a su función más básica: el mantenimiento de las relaciones sociales capitalistas. Por el contrario, el Estado capitalista debe ser aplastado y sustituido por un nuevo tipo de Estado, un Estado obrero según el modelo de la Comuna de París, que pueda supervisar la transición al socialismo.
Marx sabía muy bien que el Estado capitalista recurriría a la violencia para impedir una revolución obrera, ya que vivió la masacre de los comuneros por el Estado Francés. Sin embargo, será útil revisar la experiencia del gobierno socialista de la Unidad Popular de Salvador Allende, que el propio Casals invoca, pero no interroga. Aunque debe celebrarse el recuerdo de los enormes logros del gobierno de la Unidad Popular y el sacrificio de aquellos, incluido el propio Allende, que dieron su vida en su nombre, no debe olvidarse que la “vía chilena al socialismo” terminó en una derrota mucho más horrible que la que la izquierda está experimentando ahora, con el asesinato de Allende y de miles de otros activistas de izquierdas y la instauración de una dictadura militar radical y neoliberal.
La heroica rebeldía de Allende ante una muerte segura al final de su gobierno no le exime de las críticas por sus errores estratégicos. Fue Allende quien incorporó a su gabinete al General Augusto Pinochet, a la larga dictador, para apaciguar a la derecha chilena y a posibles golpistas en el ejército. Esta maniobra fallida no fue simplemente el resultado de un mal juicio de carácter, sino una consecuencia directa del compromiso de Allende con la vía “chilena” – en realidad era un camino por la vía parlamentaria y gradualista hacia el socialismo. A medida que el conflicto de clases se agudizaba en Chile durante el gobierno de Allende, la polarización se incrementó en ambos lados. Por un lado, las huelgas del capital causaron estragos económicos y se extendieron los rumores de disensión militar. Por otro lado, se extendieron los cordones industriales (“consejos industriales” formados por trabajadores) para defender al gobierno socialista y luchar directamente contra los patrones. Ante la amenaza de un golpe de estado, Allende, decidido mantener la existencia y la legitimidad del estado burgués, desarmó a los cordones y se negó a actuar contra los reaccionarios. En su lugar, intentó apaciguar a sus propios enemigos mortales.
Los trabajadores de los cordones previeron en su momento a dónde conduciría esto. En una carta a Allende fechada el 5 de septiembre de 1973 (una semana antes del golpe de Estado), la Coordinadora Regional de Santiago de los Cordones Industriales escribió lo siguiente:
Sepa, compañero, que con el respeto y la confianza que aún le tenemos, si no cumple el programa de la Unidad Popular, si no confía en las masas, perderá el único apoyo real que tiene como persona y gobernante, y será el responsable de llevar al país no a la guerra civil, que ya está en marcha, sino a la fría y planificada masacre de la clase obrera más consciente y organizada de América Latina”.
Allende ignoró la advertencia de sus compañeros obreros. El compromiso de Allende de mantener las estructuras fundamentales del estado burgués selló su propio destino, y el de tantos trabajadores militantes; y es esta “vía al socialismo” la que Casals sostiene que los socialistas de hoy deberían abrazar sin críticas.
¿Y ahora qué?
A pesar de los problemas de su análisis, el camarada Casals hace una sugerencia importante: que “la resistencia a la embestida conservadora… podría incluso significar la organización de una campaña de “rechazo” para impedir la aprobación de una Constitución respaldada por la derecha”. Deberíamos ir aún más lejos. Una campaña contra una Constitución respaldada por la derecha no debería considerarse una posibilidad; debería empezar ya, sin esperar a que el nuevo proyecto de Constitución esté terminado. Sabemos cuál será el resultado de un Consejo Constitucional de derecha. El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, se ha opuesto abiertamente a cualquier cambio en la constitución de Pinochet – cualquier propuesta presentada por su partido sólo hará cambios en una dirección reaccionaria. Incluso si las propuestas de la extrema derecha son suavizadas por el panel legal responsable de redactar el nuevo proyecto, la aprobación de una constitución conservadora sacará el problema de una nueva constitución de la agenda política, imposibilitando la posibilidad de un cambio constitucional real en los próximos años.
Una campaña contra una constitución respaldada por la derecha no debería considerarse una posibilidad; debería empezar ya, sin esperar a que el nuevo proyecto de Constitucional esté terminado.
El proceso inicial de la convención constitucional y la campaña por el referéndum se caracterizaron por una guerra de propaganda unilateral, en la que la derecha, sabiéndose superada en número en la convención, utilizaron todos los medios a su alcance para demonizar a los delegados de la convención y alejar a los chilenos del proceso, sin esperar a ver cuál sería el resultado del proceso de redacción. Está claro que el gobierno de Boric no ha comprendido la naturaleza de la oposición de derecha, ya que sigue rogándoles que muestren moderación. Como dijo después de las elecciones, “quiero invitar al Partido Republicano… a no cometer los mismos errores que cometimos nosotros… Este proceso no puede tratarse de venganzas, sino de poner a Chile primero”. Por lo tanto, corresponderá a la izquierda fuera de la coalición de gobierno de Boric afrontar la realidad de la situación e iniciar una campaña de “rechazo”.
Una campaña contra una Constitución de derecha podría constituir la base de un nuevo movimiento por una Constitución progresista independiente del gobierno de Boric. Casals tiene razón al señalar que con el declive de los movimientos sociales que conformaron el estallido social, la izquierda chilena no puede seguir comportándose como si la sociedad chilena estuviera en un continuo estado “constante de convulsión social”. Pero esto no significa que deba pasar a abrazar las instituciones del Estado chileno. Sin soñar con que sea posible desear que surja un nuevo estallido social de la noche a la mañana, la labor de la izquierda es preparar el terreno para que un nuevo movimiento llegue más lejos que el anterior, al mismo tiempo una lucha defensiva contra una Constitución redactada por la derecha.
Traducido por Josué Ammerman
Zack Frailey Escobar es un trabajador portuario comunista y estudiante de sociología que vive en San Diego. Puedes encontrar más de su trabajo en redhorizon.home.blog.
